Dominique Benzaken, miembro del Comité Directivo de la Misión del Océano Índico, hace balance de la economía azul vinculada a la zona de gestión conjunta de Saya de Malha.
Pocos países han desarrollado hasta ahora una estrategia nacional de economía azul, pero las Seychelles y Mauricio se encuentran entre ellos.
Este tipo de estrategia combina objetivos económicos, sociales y medioambientales, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible, y normalmente debería abarcar todos los sectores marítimos.
La economía azul como concepto surgió en la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro en 2012.
La propuesta partió de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), que argumentaron que para ellos la economía verde era azul debido a sus grandes extensiones oceánicas y a sus economías dependientes del océano.
También defendieron con éxito un Objetivo de Desarrollo Sostenible(ODS 14 – La vida bajo el agua) para conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, que incluye la meta de «aumentar para 2030 los beneficios económicos para los PEID… derivados del desarrollo sostenible de los recursos marinos».
En 2015, las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 17 ODS, estableciendo un marco político para la economía azul.
Desde entonces, se ha debatido mucho en el discurso internacional sobre lo que significa realmente la economía azul en la práctica y cómo puede aplicarse.
Aunque suscita mucho interés, muy pocos países han desarrollado hasta ahora una estrategia nacional de economía azul, siendo Seychelles y Mauricio dos de ellos.
Si se entiende como el desarrollo sostenible del océano, debe incluir una combinación de objetivos económicos, sociales y medioambientales, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible, y afectar a todos los sectores marítimos.
Es importante señalar que no existe una receta única y que cabe esperar que la estrategia de economía azul de cada país o región refleje sus circunstancias socioeconómicas y medioambientales específicas, así como las instituciones existentes para aplicarla.
Aunque la economía azul es un concepto poderoso, puede significar cosas diferentes para los distintos usuarios de los océanos.
¿Es la nueva frontera del crecimiento económico o El Dorado de la conservación de los océanos?
¿Cómo podemos garantizar que los beneficios derivados de los recursos oceánicos se compartan equitativamente entre los países y dentro de ellos?
De hecho, es todas estas cosas, y lo más difícil es saber cómo hacer que funcione.
Ahí es donde entra en juego la gobernanza, en términos de quién decide qué, cómo y por qué.
Qué instituciones y procesos de toma de decisiones hay que poner en marcha para desarrollar y aplicar una visión compartida, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Seychelles y Mauricio son pioneros de la economía azul y sus respectivas visiones de la economía azul se reflejan en la gestión de la JMA. El objetivo y la estructura conjunta de toma de decisiones de la JMA se prescriben en el Tratado para la Gestión Conjunta de la Plataforma Continental en la Región de Mascarene (el Tratado), que prevé el reparto de los beneficios de la explotación, principalmente la explotación petrolífera y la futura bioprospección, así como la responsabilidad de la protección de los hábitats del fondo marino y la biodiversidad, incluso de la contaminación y otros impactos de las actividades sobre el fondo marino, como la pesca.
El AGC es único en el sentido de que Seychelles y Mauricio tienen jurisdicción conjunta sobre la plataforma continental, pero no sobre la columna de agua que hay sobre ella, que se considera alta mar según la CNUDM y, por tanto, está gestionada por otros organismos regionales, a los que pertenecen ambos países. Este acuerdo facilita la gestión de la ZMF en lo que respecta al lecho marino y la dificulta porque el lecho marino y la columna de agua están vinculados ecológicamente, pero no jurisdiccionalmente.
La ICG es sobre todo un caso de prueba en muchos aspectos, ya que las jurisdicciones se solapan en el mismo lugar, y también porque dos naciones soberanas tienen que gestionar en colaboración una zona común de plataforma continental y sus recursos del fondo marino. Aunque el Tratado aporta claridad desde el punto de vista jurídico, en la práctica es muy difícil llegar a un consenso sobre cómo equilibrar los objetivos económicos y medioambientales, en parte debido a lo mucho que está en juego desde el punto de vista económico. Hasta la fecha, no se ha puesto a prueba ninguno de estos objetivos, ya que no se ha llevado a cabo ninguna explotación ni se han debatido propuestas para proteger los fondos marinos.
Tres retos y oportunidades a tener en cuenta
El enfoque de la AGC sobre la explotación del petróleo en el contexto del cambio climático plantea un reto existencial inminente, a saber, cómo conciliar los compromisos climáticos para reducir las emisiones con la explotación del petróleo.
Llegar a un acuerdo sobre cuestiones tan fundamentales requerirá disciplina y liderazgo político por parte de ambos países, así como apoyo internacional para desarrollar opciones alternativas para abordar esta cuestión de forma que no les penalice económicamente.
Queda por considerar la participación de las respectivas comunidades nacionales en estas importantes decisiones.
Gestionar los impactos de las actividades en la columna de agua sobre el lecho marino del AGC es igualmente difícil.
Requerirá una diplomacia creativa conjunta y apoyo internacional en los foros regionales para promover el desarrollo de medidas que aborden los impactos potenciales sobre el lecho marino del AGC.
Será una prueba para la determinación, la colaboración y las habilidades diplomáticas de ambos países.
La AGC es una región remota y relativamente poco documentada.
El acceso a la información y los datos procedentes de la investigación internacional es un problema de larga data, que exige cambios tanto en la producción y accesibilidad de los conocimientos como en el desarrollo de sistemas de información eficaces dedicados a la AGC.
Un instituto de investigación para la AGC (quizás virtual) facilitaría la definición de una agenda común de investigación y la coproducción de nuevos conocimientos según las necesidades de la AGC y atraería financiación.
Dominique Benzaken
Dominique Benzaken es consultora independiente y asesora política especializada en la gobernanza de los océanos, la economía azul y las finanzas azules.
Es miembro del Comité Directivo de la misión Océano Índico 2022 de las Exploraciones de Mónaco.
